Ralons se querella contra la concejala Lourdes Armas por prevaricación

El representante de la empresa Ralons Servicio S.L., interpuso una querella que, fue admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la concejala delegada de Educación del Ayuntamiento capitalino, Carmen Lourdes Armas, por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental después de que la querellada culminase la relación con la empresa y se la adjudicara "por contrato directo" a otra.

Según expone la querella, el Consistorio tras ocho años de contrato con Ralons, decidió sacar a concurso el servicio de limpieza de las escuelas y "a pesar de que la compañía presentó la mejor oferta económica" la licitación fue impugnada y se extinguió el 8 de enero de 2018, con la culminación de la última prórroga del contrato. De esta manera, la sociedad querellante quedó "en un limbo prestacional", ya que seguía dando el servicio para el Ayuntamiento, pero sin contrato.

Esto provocó, según la querella, que Ralons no pudiese negociar el pago de las facturas por adelantado, lo que "produjo un retraso en las nóminas por la forma de pago del Ayuntamiento". A pesar de que la empresa no podía hacer frente a las nóminas de sus empleados de manera puntual, "esto no afectó la prestación del servicio". Por ello, "no existía un motivo" para culminar la relación contractual hasta que fuese adjudicado a otra compañía.

El documento al que tuvo acceso LA PROVINCIA / DLP reseña que la concejala del PSOE "decidió" contratar de forma directa a Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), para "evitar un escándalo que pudiera perjudicarla, ya que se acercaban elecciones locales y se habían anunciado huelgas por los trabajadores de Ralons".

Además, la adjudicación directa, que Armas ofreció a Santana Cazorla S.L. -empresa que quedó en segundo lugar en el concurso llevado a cabo en 2011- no quedó en manos de esta compañía, porque contestó al Consistorio que ya no prestaba ese servicio.

Sin embargo, eso ocurrió el 26 de febrero de 2019 y la respuesta de la empresa llegó a la Concejalía de Educación el 6 de marzo. Ralons denuncia que, desde el 20 de febrero, Armas emitió una solicitud de oferta para la prestación del servicio de limpieza de los centros educativos, en la que se ponía de manifiesto que la empresa que figuraba en segundo lugar en la licitación de 2011 ya no prestaba servicio y por ello lo adjudicaba a FCC.

De igual forma, aseguran que el Ayuntamiento propuso a FCC hacerse cargo de las responsabilidades por los despidos de los trabajadores subrogados y que la empresa no quisiera mantener, "comprometiendo de esta manera el gasto público en beneficio privado". Una propuesta que, entienden, no fue realizada a Hermanos Santana Cazorla, así como que dicha proposición pudo ser redactada por FCC y copiada por la concejala.

El documento pone de manifiesto que el certificado de la firma de la Junta de Gobierno donde fue adjudicado el servicio a FCC tiene fecha de 3 de mayo de 2019 a las 12.58 horas y el requerimiento de finalización del contrato con Ralons era de la misma fecha y a las 12.45 horas por lo que "ya estaba redactado antes de la firma de la decisión de la junta".

La empresa califica los hechos en la querella contra Lourdes Armas como un delito de prevaricación, un delito de administración desleal del patrimonio público y fraude a la administración, un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público y un delito de falsedad documental por los cuales entiende que debe ser condenada a 19 años de prisión por todos ellos, así como a la inhabilitación especial para ejercer como funcionaria pública durante un periodo de 33 años. Asimismo, requiere que se le imponga una multa de 24 meses y que, en concepto de medida cautelar, se embarguen los bienes de la concejala por un valor de 2.252.075,95 euros "cantidad total por los meses en los que Ralons ha dejado de prestar el servicio".